El gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de corredores viales

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Un cambio histórico en la gestión vial de Argentina
El gobierno de Javier Milei ha lanzado oficialmente el proceso de privatización de corredores viales, comenzando con rutas clave como la 12 y la 14. Este ambicioso plan tiene como principal objetivo reducir el gasto público y modernizar la red vial. Las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes serán las primeras en experimentar los efectos de esta medida.

Una estrategia marcada por la austeridad y la eficiencia
El esquema de licitación propuesto busca atraer inversión privada para compensar la significativa deuda de $16.000 millones acumulada por la empresa estatal Corredores Viales. Además, entre los requisitos que deberán cumplir los nuevos concesionarios se incluyen la reparación de baches, mantenimiento de banquinas, señalización e iluminación. Solo tras cumplir estas condiciones, las empresas podrán establecer las nuevas tarifas de peaje.

En esta primera etapa, el gobierno espera concesionar más de 8.000 kilómetros de rutas en provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Este movimiento representa un cambio radical en la gestión vial argentina.

Beneficios y desafíos en la privatización vial
El plan podría ahorrar más de u$s5.000 millones en los próximos 20 años, según estimaciones oficiales. No obstante, expertos advierten sobre los desafíos inherentes al modelo, especialmente en regiones donde las rutas no generan ingresos sostenibles.

Actualmente, solo 1.000 kilómetros de los 40.000 que componen la red nacional tienen el potencial de ser rentables, incluyendo accesos a la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas estratégicas.

¿Una solución para el comercio y la infraestructura?
Uno de los aspectos destacados del proyecto es su impacto potencial en el comercio del Mercosur. Las rutas 12 y 14, por ejemplo, son ejes clave para el transporte de mercancías en la región. Estas concesiones podrían mejorar significativamente las condiciones para el tránsito comercial, siempre que se cumplan las inversiones previstas.

Sin embargo, la propuesta también ha generado críticas. Caminos del Río Uruguay (CRUSA), la actual concesionaria, enfrenta un conflicto legal con el Estado por incumplimientos contractuales. Además, la posibilidad de aumentos en los peajes, como el propuesto incremento del 140% en Zárate, genera inquietud entre los usuarios.

La privatización de corredores viales marca el inicio de un período de transformación en la gestión de infraestructura en Argentina. Mientras los beneficios y riesgos se equilibran, esta medida establece un precedente que será analizado tanto por el sector público como por el privado.