Prórroga del presupuesto 2023: ¿estrategia o necesidad ante la falta de consenso político?

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El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, anunció mediante el decreto 1131/2024 que el Presupuesto 2023 seguirá vigente durante 2025. Esta medida responde a la imposibilidad de alcanzar acuerdos en el Congreso durante las sesiones ordinarias, un escenario que refleja las tensiones políticas actuales y pone en jaque la gestión presupuestaria nacional. El decreto busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales en un contexto de ajuste fiscal y desafíos económicos.

 El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, encabezan las negociaciones.

Un contexto político complejo

La extensión del presupuesto evidencia un estancamiento legislativo. Pese a los acuerdos logrados en otras áreas, el debate sobre el Presupuesto 2025 fracasó debido a la resistencia de gobernadores aliados. Las provincias exigieron financiamiento adicional, redistribución de fondos y compensaciones fiscales, demandas que el Gobierno consideró insostenibles desde el punto de vista del equilibrio fiscal.

El Ejecutivo argumentó que, "dado lo avanzado del ejercicio presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones necesarias". Por ello, el Gobierno decidió prorrogar los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del 2024, según lo publicado en el Boletín Oficial.

¿Qué implica esta decisión?

Desde la perspectiva oficial, la medida permite mantener la operatividad básica del Estado. Sin embargo, economistas advierten que la falta de un nuevo presupuesto limita la capacidad de adaptación ante cambios económicos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tendrá la tarea de ajustar las partidas según sea necesario.

En paralelo, gobernadores críticos señalaron que la prórroga profundiza las tensiones con las provincias, que reclaman mayor autonomía financiera. Entre los puntos más conflictivos se encuentran la compensación del pacto fiscal de 2017 y el financiamiento del déficit de las cajas previsionales. Estas exigencias han intensificado el debate entre el Gobierno central y las administraciones provinciales.

Tensión entre Nación y provincias

Entre las demandas provinciales más destacadas figuran la eliminación de impuestos específicos y el financiamiento de déficits previsionales. El Gobierno defendió su postura de no comprometer la estabilidad fiscal, priorizando la reducción del déficit sobre las negociaciones políticas.

"Las provincias ya estarán mejor financiadas el próximo año gracias a medidas como la eliminación del impuesto PAIS, que representa el 1,5% del Producto Bruto Interno", explicó el ministro de Economía. Sin embargo, desde el Congreso advirtieron que la falta de acuerdos podría complicar la ejecución presupuestaria de cara a 2025.

Mirando al futuro

Con un llamado a sesiones extraordinarias aún pendiente, el Presupuesto 2025 queda en pausa. Mientras tanto, el país enfrenta el desafío de equilibrar las demandas provinciales y nacionales con una visión fiscal responsable. El Gobierno apuesta a una gestión eficiente de los recursos existentes mientras trabaja en consolidar su agenda económica.

En este contexto, el oficialismo enfrenta la presión de sectores opositores, quienes insisten en que un presupuesto prorrogado refleja debilidades en la capacidad de negociación. A pesar de ello, el Gobierno reafirmó que no comprometerá el equilibrio fiscal como parte de su plan económico.