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La presión financiera sobre las pequeñas y medianas empresas volvió al centro de la agenda empresaria. La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) suspender durante 180 días los embargos y ejecuciones fiscales contra pymes, en medio de un escenario marcado por la caída de la actividad, tasas todavía elevadas y restricciones para acceder al crédito.
El planteo se produjo durante una reunión entre el Departamento de Política Tributaria de la UIA y autoridades del organismo recaudador. Para la central fabril, la situación requiere medidas transitorias que permitan preservar el capital de trabajo y evitar que problemas fiscales terminen acelerando cierres de empresas.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los industriales es la modalidad utilizada para ejecutar determinadas deudas.
En lugar de intervenir únicamente las cuentas bancarias de una empresa morosa, el mecanismo puede alcanzar a clientes que tienen facturas pendientes de pago con esa compañía, impidiendo que esos fondos lleguen a la firma endeudada.
El problema es especialmente sensible para las pymes: cortar el ingreso generado por ventas ya realizadas puede afectar inmediatamente el pago de salarios, proveedores, servicios e impuestos.
El reclamo aparece además en un contexto complejo para el entramado productivo.
Durante los primeros cuatro meses de 2026 habrían cerrado 1.070 empresas, cerca de la mitad pequeños talleres y una parte importante del resto pequeñas y medianas compañías.
Las proyecciones indican que podrían desaparecer otras 2.000 empresas industriales durante el resto del año, llevando el saldo negativo de 2026 a aproximadamente 3.070 firmas.
El fenómeno no estaría explicado solamente por un incremento de los cierres. También preocupa la baja creación de nuevas empresas, que se encuentra en niveles históricamente reducidos.
La suspensión de los embargos no fue el único pedido.
La UIA también reclamó revisar los planes de facilidades de ARCA de hasta 24 cuotas, cuya tasa de financiación alcanza actualmente el 2,75% mensual.
Para los industriales, ese costo resulta elevado frente a una inflación que viene desacelerándose y podría ubicarse por debajo del 1% mensual durante 2027.
La entidad valoró que los planes incluyan obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026 y mantengan las obligaciones aduaneras, pero pidió permitir la migración entre planes y reducir las tasas aplicadas a las pymes.
La agenda tributaria presentada es más amplia.
Entre las propuestas aparece la posibilidad de reducir y automatizar los anticipos del Impuesto a las Ganancias para pequeñas y medianas empresas, facilitando las solicitudes de reducción cuando la situación económica lo justifique.
También se planteó diferir durante 180 días los vencimientos de IVA para actividades estacionales y postergar contribuciones patronales para empresas pertenecientes a economías regionales.
Otro reclamo apunta a reducir los tiempos de devolución de saldos a favor impositivos, ya que las demoras inmovilizan recursos que las empresas necesitan para financiar operaciones.
En la misma línea, se propuso flexibilizar la utilización de reintegros de exportación, transformando créditos pendientes en herramientas para mejorar la liquidez empresarial.
Desde ARCA señalaron que varias de las medidas solicitadas requieren decisiones del Ministerio de Economía, por lo que no pueden resolverse exclusivamente desde el organismo.
Sin embargo, se analizará ampliar el universo de contribuyentes habilitados para compensar créditos fiscales y revisar los montos mínimos sujetos a controles en solicitudes de reducción de anticipos de Ganancias.
UIA y ARCA acordaron mantener abierto el canal de diálogo y realizar una nueva reunión dentro de 45 días.
El debate tributario llega además en la antesala del Día de la Industria, el próximo 2 de septiembre, una fecha que encontrará al sector concentrado no solamente en la presión impositiva, sino también en un desafío más estructural: cómo sostener empresas, empleo y producción en un escenario donde la liquidez se convirtió en una de las principales variables para la supervivencia pyme.
