⌚ Tiempo de lectura: 2:05 min.
El contrabando dejó de ser un problema marginal para convertirse en uno de los principales desafíos económicos de Argentina. Según datos difundidos durante el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, el comercio ilegal ya representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, con un fuerte impacto sobre la producción nacional y las cuentas públicas.
El dato adquiere aún mayor relevancia si se considera que, de acuerdo con estimaciones privadas, el Estado deja de percibir cerca de US$ 2.300 millones anuales por la expansión de estas actividades ilegales.
El fenómeno afecta a numerosos sectores de la economía, aunque algunos rubros aparecen especialmente comprometidos.
Entre los principales productos se encuentran:
Celulares
Cigarrillos
Cervezas
Textiles
Otros bienes de consumo masivo
Uno de los casos más preocupantes es el de los teléfonos celulares. Según representantes de Lenovo, uno de cada tres equipos comercializados en Argentina ingresa de manera ilegal, lo que equivale a aproximadamente 3 millones de dispositivos por año. Además, este segmento representa entre el 5% y el 15% del comercio ilegal total.
El crecimiento del contrabando no solo reduce los ingresos fiscales.
También genera consecuencias directas sobre:
La competitividad de las empresas formales.
La generación de empleo registrado.
Las inversiones productivas.
La seguridad de los consumidores, que muchas veces adquieren productos sin controles ni garantías.
Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), su presidente Mario Grinman sostuvo que el país viene de años con controles insuficientes sobre las fronteras, aunque reconoció que el Gobierno nacional comenzó a fortalecer las herramientas para combatir este fenómeno. Sin embargo, advirtió que controlar más de 9.300 kilómetros de frontera representa un desafío operativo de enorme magnitud.
Otro de los sectores más afectados es el tabaco.
Según datos presentados durante el encuentro empresarial, tres de cada diez cigarrillos consumidos en América Latina son ilegales, convirtiéndose en el bien legal más contrabandeado de la región.
Esta situación impacta directamente sobre la recaudación tributaria y favorece redes de comercialización clandestinas que también suelen estar vinculadas con otros delitos económicos.
Funcionarios nacionales remarcaron que el combate contra el comercio ilegal requiere una estrategia integral.
Actualmente, los organismos de control deben supervisar:
9.300 kilómetros de frontera.
250.000 comercios de cercanía distribuidos en todo el país.
Desde la Dirección General de Aduanas señalaron que el trabajo se concentra en tres ejes principales:
Desregulación de procesos.
Modernización normativa y tecnológica.
Mayor control sobre el ingreso de mercaderías.
A esto se suma un enfoque creciente sobre las organizaciones criminales que utilizan las mismas estructuras logísticas para distintas actividades ilícitas.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional advirtieron que las economías criminales evolucionan constantemente y que el ingreso de mercadería ilegal debilita a la industria nacional, reduce el empleo formal y favorece otras actividades delictivas, como el narcotráfico.
Para empresarios y funcionarios, fortalecer el comercio legal no solo implica proteger la producción nacional, sino también defender el trabajo registrado, la competencia leal y los derechos de los consumidores.
