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El caso no es menor y tampoco pasa desapercibido: una de las marcas más reconocidas del mercado de bebidas en Argentina enfrenta un golpe judicial contundente que obliga a revisar prácticas laborales en todo el ecosistema empresario.
La empresa detrás de la marca Manaos deberá pagar más de $800 millones a un exempleado, tras un fallo definitivo que agotó todas las instancias judiciales. La resolución establece un plazo de apenas cinco días hábiles, lo que agrega presión financiera inmediata y deja sin margen de maniobra.
La decisión fue tomada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que rechazó el último intento de la empresa de llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación.
El argumento fue claro: no existía una cuestión federal que justificara la intervención del máximo tribunal nacional. En términos simples, el conflicto se resolvía dentro del derecho común y ya había sido suficientemente analizado en instancias previas.
Esto deja firme una sentencia que fija la indemnización en $807.676.293,72, monto que podría seguir creciendo si no se paga en tiempo y forma debido a la acumulación de intereses.
El caso se remonta a una relación laboral que se extendió entre 2013 y 2022, donde el trabajador se desempeñó como distribuidor en varias provincias.
Los puntos clave de la demanda:
Relación laboral encubierta durante los primeros años
Falta de aportes previsionales
Diferencias salariales
Descuentos indebidos
Maniobras vinculadas a evasión previsional
Según el fallo, el vínculo formal recién se registró en 2015, aunque el trabajador ya cumplía funciones desde 2013, lo que generó perjuicios acumulados.
El dato que más impacta no es solo el monto final, sino su composición:
Capital inicial: alrededor de $227 millones
Intereses y costas: más de $1.200 millones (en la instancia inicial)
Luego de la apelación, la Corte provincial redujo el cálculo de intereses utilizando como referencia la tasa de préstamos personales del Banco Nación, lo que llevó el monto final a poco más de $800 millones.
Aun así, el número sigue siendo extraordinariamente alto y deja en evidencia el peso que pueden tener los intereses en litigios laborales prolongados.
Más allá del caso puntual, el fallo deja varias señales claras:
La registración laboral correcta ya no es solo una formalidad, es un factor crítico de riesgo
Los juicios laborales prolongados pueden generar intereses exponenciales
Las estrategias judiciales dilatorias tienen límites concretos
Además, el plazo de pago de cinco días introduce un factor adicional: la necesidad de liquidez inmediata, algo que puede afectar incluso a empresas de gran escala.
El fundador de la compañía cuestionó públicamente la sentencia, calificándola como “insólita” y “fuera de contexto”, y puso en duda los criterios utilizados para calcular la indemnización.
Sin embargo, con la vía judicial agotada, el foco ya no está en discutir el fallo, sino en cumplirlo o enfrentar mayores costos.
Este caso no solo impacta a una empresa: funciona como un mensaje directo para todo el sector privado.
En un contexto económico complejo, donde cada peso cuenta, los errores en materia laboral pueden transformarse en pasivos millonarios que comprometen la estabilidad financiera de cualquier organización.
