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La estrategia de reducción impositiva impulsada por el Gobierno empieza a mostrar su contracara: menos presión tributaria, pero también menor recaudación. En un contexto donde la actividad económica crece de forma desigual, el desafío fiscal se vuelve más complejo y obliga a ajustar el gasto público para sostener las metas acordadas con organismos internacionales.
De acuerdo con un informe privado, la recaudación tributaria registró una caída del 4,4% en marzo y del 7,4% en el primer trimestre interanual, pese a que la economía muestra signos de recuperación . Esta aparente contradicción tiene una explicación concreta: el crecimiento no es homogéneo y los sectores más dinámicos no compensan la pérdida de ingresos fiscales.
Entre los rubros que lideran la actividad aparecen el agro, la minería, el petróleo y los servicios financieros, mientras que comercio e industria siguen en retroceso, lo que impacta directamente en la base tributaria.
Uno de los factores centrales es la baja de impuestos implementada en 2025, que incluyó:
Reducción de retenciones al agro: soja, trigo, maíz, girasol y derivados registraron bajas de entre 1 y 2 puntos porcentuales.
Eliminación de retenciones para economías regionales como algodón, azúcar y tabaco.
Disminución de aranceles de importación en productos tecnológicos, textiles y bienes de capital.
Reducción de Impuestos Internos en electrónicos, con baja del 19% al 9,5%.
Cambios en Ganancias: reducción de alícuotas empresariales en los tramos más altos.
Ajustes en Bienes Personales, con menor carga para patrimonios medios.
Estas medidas apuntaron a mejorar la competitividad y estimular la inversión, pero tuvieron un efecto inmediato sobre los ingresos fiscales.
El problema es que la recuperación económica no alcanzó la intensidad esperada para compensar esa baja. Además, se suman otros factores como el aumento de la informalidad en algunos sectores y la mayor competencia externa, que reducen aún más la base imponible.
Ante este escenario, el Gobierno enfrenta una restricción clara: mantener el superávit primario del 2,2% del PBI. Para lograrlo, la variable de ajuste pasa a ser el gasto público.
El informe advierte que el recorte se concentra en partidas no automáticas, como transferencias y pagos diferidos, lo que implica decisiones discrecionales que pueden impactar en provincias, empresas y programas públicos.
Qué implica para empresas y emprendedores
Para el sector privado, el escenario es mixto:
Oportunidad: menor carga impositiva mejora márgenes y competitividad.
Riesgo: menor gasto público puede afectar demanda, obra pública y financiamiento indirecto.
Desafío: adaptarse a un entorno con menor intervención estatal pero mayor volatilidad.
En términos estratégicos, las empresas deberán enfocarse en eficiencia operativa, diversificación de mercados y reducción de costos, ya que el contexto macro seguirá condicionado por el equilibrio fiscal.
