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El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en la implementación de la reforma laboral al reglamentar el mecanismo que se utilizará para actualizar las indemnizaciones en los juicios por despido.
La medida establece una metodología oficial para calcular los intereses de los créditos laborales, un aspecto que durante años generó conflictos judiciales por la existencia de distintos criterios de cálculo entre tribunales.
Con esta reglamentación se busca unificar el sistema y reducir la incertidumbre en los procesos laborales.
La normativa establece que los créditos laborales deberán actualizarse utilizando una tasa pasiva definida por el Banco Central.
Esta tasa se calcula como el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que los bancos pagan por depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días, y será publicada de forma periódica para su aplicación en los procesos judiciales.
El sistema utiliza una tasa efectiva diaria acumulada, lo que implica que el cálculo se realiza mediante capitalización compuesta a lo largo del tiempo.
El objetivo es establecer un método uniforme para actualizar las indemnizaciones derivadas de juicios laborales.
La reforma también establece límites para el resultado final del cálculo.
Por un lado, se fija un techo máximo equivalente al ajuste por CER más un 3% anual.
Por otro lado, se establece un piso mínimo equivalente al 67% de ese mismo ajuste, con el objetivo de evitar que los créditos laborales pierdan valor real.
Este esquema busca equilibrar dos objetivos: evitar actualizaciones excesivas que multipliquen los montos de las indemnizaciones y, al mismo tiempo, garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en el proceso judicial.
La reglamentación establece que el nuevo sistema será aplicado tanto a los nuevos juicios como a los procesos laborales que ya se encuentran en trámite y cuya liquidación aún no esté firme.
Para facilitar la implementación, el Banco Central también habilitó una herramienta oficial que permite calcular automáticamente los intereses aplicando la nueva metodología.
La calculadora permite ingresar la fecha en que se generó la deuda y la fecha de liquidación para obtener el monto actualizado.
El nuevo esquema también tendrá efectos sobre los honorarios de abogados y peritos en los juicios laborales.
Al limitar la actualización de los créditos mediante el techo establecido por la reforma, el monto total de las sentencias podría resultar menor que bajo los sistemas de cálculo anteriores.
Dado que los honorarios profesionales se calculan como un porcentaje del monto final de la condena, el cambio también podría reducir los montos percibidos por los profesionales intervinientes.
La reforma apunta a reducir la litigiosidad laboral y a brindar mayor previsibilidad tanto a trabajadores como a empresas.
Durante años, la ausencia de un criterio uniforme para calcular los intereses generó diferencias significativas en las liquidaciones judiciales.
Para las empresas —especialmente pymes— el nuevo sistema puede representar una mayor previsibilidad respecto al costo potencial de un conflicto laboral.
Para InfoEmpresas, la clave estará en observar cómo impacta esta reglamentación en la dinámica de los juicios laborales y si efectivamente logra reducir la incertidumbre que históricamente caracterizó al sistema.
