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La crisis manufacturera en el Norte Grande escaló a un nuevo nivel. Representantes industriales de diez provincias solicitaron formalmente la declaración de emergencia sectorial para la región, en medio de una caída interanual del 3,9% en la actividad industrial registrada en diciembre.
El planteo será elevado a la conducción nacional de la Unión Industrial Argentina (UIA) en una reunión prevista en la Ciudad de Buenos Aires, donde buscarán respaldo institucional y una posición más firme frente al Gobierno.
Las Uniones Industriales de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán manifestaron una “profunda preocupación” por la situación productiva regional.
Reunidos en San Miguel de Tucumán, los empresarios del espacio Uninor reclamaron un conjunto de medidas concretas:
Declaración de emergencia industrial.
Definición de precios de referencia en Aduana para sectores estratégicos.
Alivios impositivos coordinados entre Nación, provincias y municipios.
Acceso a financiamiento productivo.
Plan de infraestructura que mejore la competitividad del norte.
El diagnóstico es compartido: caída del consumo interno, presión tributaria, falta de crédito y competencia importadora creciente.
Según datos oficiales, la industria retrocedió 3,9% interanual en diciembre, en un contexto donde otros indicadores económicos muestran señales de recuperación.
Para el entramado productivo del Norte Grande, el impacto es más profundo por su estructura regional y menores niveles de integración industrial.
En provincias como Chaco, donde la industria cumple un rol clave en generación de empleo formal y desarrollo territorial, la retracción no solo afecta balances empresariales sino también cadenas de proveedores y economías locales.
Uno de los puntos centrales del reclamo es el ordenamiento del ingreso de productos importados.
Los empresarios piden establecer precios de referencia en sectores estratégicos para evitar competencia desleal y proteger producción local frente a prácticas de dumping.
La demanda coincide con la caída de medidas antidumping y una mayor apertura comercial que, según advierten, impacta con mayor fuerza en regiones con menor escala productiva.
El reclamo trasciende lo estrictamente empresarial.
Los industriales sostienen que en el Norte Grande la baja densidad industrial está asociada a mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas.
El cierre de una planta implica no solo pérdida de empleo, sino debilitamiento del tejido social, arraigo territorial y oportunidades para jóvenes.
El planteo es claro: no puede haber desarrollo social sostenible sin desarrollo productivo.
La propuesta de conformar una mesa de trabajo regional con gobernadores y la UIA busca institucionalizar el debate.
Para las pymes del Norte Grande, la declaración de emergencia podría traducirse en alivios fiscales, líneas de crédito específicas o programas de infraestructura.
Para InfoEmpresas, el caso del Norte Grande sintetiza una tensión estructural: apertura comercial y disciplina macro conviven con asimetrías regionales profundas. El desafío no es solo sostener empresas, sino evitar que la brecha productiva entre centro y periferia se amplíe en un momento de redefinición económica.
