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La reforma laboral en debate podría reducir de manera significativa el costo laboral formal en Argentina, especialmente para pymes y nuevas contrataciones. Sin embargo, aun con esos cambios, el país seguiría dentro del grupo con mayor presión tributaria sobre el empleo en comparación internacional.
El análisis, elaborado por el IARAF, pone números concretos al impacto potencial del nuevo esquema.
Antes de la reforma, la carga fiscal laboral ascendía al 34,6% sobre el costo laboral total. Esa cifra ubicaba a Argentina en el tercer lugar entre los países con mayor presión sobre el empleo formal, solo por detrás de Austria y Francia.
Para dimensionarlo, el promedio de la OCDE se ubica en 21,6%.
Esto significa que contratar formalmente en Argentina implica un costo adicional considerable respecto de otros países comparables.
El nuevo esquema incorpora dos herramientas centrales:
Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
Cada empleador deberá realizar aportes mensuales para cubrir eventuales indemnizaciones. El aporte sería del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes.
Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL)
Otorga una reducción de cargas patronales durante 48 meses para empleadores que formalicen trabajadores previamente no registrados o inactivos en el sistema formal durante al menos seis meses.
En los primeros cuatro años del incentivo, las contribuciones patronales bajarían del 27% al 15%. En términos de carga laboral total, eso implica un descenso del 44% al 32% sobre el salario bruto.
Según el informe:
Para grandes empresas, la carga se mantendría en 34,6%.
Para pymes, caería a 33,3%.
Para trabajadores bajo el RIFL, se reduciría a 27,8%.
En términos de cuña fiscal (la diferencia entre el costo total del empleador y el salario neto del trabajador), la reducción sería:
34,1% en grandes empresas.
33,4% en pymes.
27,8% bajo el régimen de incentivo.
Además, la carga patronal sobre el costo total, sin aportes sindicales, bajaría a:
20,6% en grandes empresas.
19,7% en pymes.
13% bajo el RIFL.
Aun con la reforma, el país seguiría entre los de mayor presión laboral en la comparación con la OCDE.
Con los nuevos valores:
Quedaría quinto para grandes empresas.
Séptimo para pymes.
Decimosexto para trabajadores bajo el régimen de incentivo.
Es decir, el alivio existe, pero no cambia radicalmente la posición relativa de Argentina.
Para pymes del interior —como en Chaco— la reducción de cargas puede representar una oportunidad concreta para formalizar empleo y reducir riesgo laboral.
Sin embargo, el impacto dependerá de:
Nivel de actividad económica.
Demanda interna.
Acceso a financiamiento.
Estabilidad macroeconómica.
Una baja de costos laborales mejora el margen, pero no sustituye la necesidad de crecimiento.
Para InfoEmpresas, el análisis deja un punto claro: la reforma puede aliviar la presión sobre el empleo formal y fomentar nuevas contrataciones, pero el desafío estructural sigue siendo competitivo y macroeconómico. Argentina podría bajar algunos escalones en el ranking de carga laboral, pero aún quedaría entre los países con mayor costo de contratación formal.
