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La plataforma de ventas TEMU presentó un recurso ante la Justicia para intentar anular las actuaciones administrativas iniciadas por Mercado Libre y evitar así restricciones a sus importaciones y actividades promocionales en Argentina.
El conflicto se originó luego de que Mercado Libre denunciara ante el Ministerio de Economía la presunta deslealtad comercial de TEMU, alegando que sus estrategias —desde publicidad agresiva hasta precios bajos— contravienen el Decreto de Lealtad Comercial N° 274/2019.
TEMU había recurrido primero a la autoridad administrativa correspondiente, pero al no obtener la suspensión de las actuaciones, llevó la disputa a la Cámara Federal.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria judicial debido a la urgencia del reclamo y remitió las actuaciones a la Sala de Feria para que se sortee y asigne un juzgado que avance en el análisis de fondo del recurso presentado por la empresa china.
Este choque judicial se produce en un contexto donde, tras la flexibilización de las importaciones en diciembre de 2024, plataformas como TEMU y Shein ganaron terreno en el comercio electrónico local gracias a precios bajos, promociones con cupones y entregas gratuitas, atrayendo a consumidores y generando grandes volúmenes de ventas.
En 2025, ese esquema de comercio transfronterizo impulsó importaciones por alrededor de u$s789 millones, con un crecimiento interanual explosivo cercano al 292% en bienes de consumo, según consultoras del sector.
Desde la compañía fundada por Marcos Galperín, advierten que la irrupción de estas plataformas extranjeras altera las reglas del juego competitivo en Argentina. El presidente de Mercado Libre Argentina sostiene que el ingreso masivo de productos de bajo costo no solo compite de forma agresiva con vendedores locales, sino que además puede afectar la actividad de pequeñas y medianas empresas, que representan una proporción significativa de su volumen de ventas.
La empresa ha pedido un marco regulatorio más claro que nivelle la competencia entre actores locales e internacionales, argumentando que sin reglas equitativas se generan distorsiones que perjudican a la industria nacional y al empleo asociado a ella.
Esta disputa no es solo legal, sino también comercial y económica. Para las pymes que venden a través de plataformas digitales, las decisiones que adopte la Justicia o las autoridades pueden definir su acceso a mercados y su capacidad de competir frente a productos importados de bajo precio.
Además, la discusión toca un punto sensible: el equilibrio entre la apertura comercial y la protección de la producción local. Si el sistema favorece indiscriminadamente a plataformas globales con estructuras logísticas optimizadas, algunas empresas argentinas podrían ver reducida su participación en el mercado y su rentabilidad.
