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Durante la Segunda Cumbre Sudamericana Agroglobal, realizada en el Congreso de la Nación, representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Colombia coincidieron en la necesidad de coordinar posiciones frente al nuevo Reglamento (UE) 2023/1115, que restringe las importaciones europeas de soja, carne, madera y otros productos provenientes de áreas desmontadas después de 2021.
A partir de ese encuentro, los legisladores y referentes sectoriales de los tres principales países productores conformaron el Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano (EPAS), una red parlamentaria que busca coordinar políticas legislativas y ambientales comunes para el Cono Sur.
En su primera declaración pública, el EPAS manifestó un “firme rechazo” a la norma europea por considerarla unilateral y extraterritorial.
“El Reglamento (UE) 2023/1115 impone obligaciones a países productores sin consulta previa, sin armonización institucional y sin reconocimiento de marcos legales equivalentes”, sostiene el comunicado conjunto.
El documento enfatiza que los países del bloque cuentan con sistemas ambientales sólidos, adaptados a sus territorios y realidades socioeconómicas, los cuales deberían ser reconocidos mediante principios de equivalencia normativa y respeto a la soberanía nacional.
La carta fue firmada por Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando (Argentina); Tania Zanella, del Instituto Pensar Agropecuária (Brasil); y Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (Paraguay).
El nuevo espacio buscará consolidarse como la voz legislativa del agro ante los parlamentos sudamericanos, inspirado en el Consejo Agropecuario del Sur (CAS). Su misión es promover consensos normativos, facilitar el intercambio técnico y fortalecer una agenda agroindustrial común para posicionar al continente como un actor relevante en el comercio mundial.
El EPAS advierte que el reglamento europeo podría generar efectos negativos sobre las exportaciones agroindustriales de la región, al trasladar mayores costos y responsabilidades a los productores.
“La norma afecta el desarrollo rural, incrementa los costos de cumplimiento y vulnera los principios del comercio justo y sostenible”, señalaron.
Uno de los puntos más cuestionados es la clasificación de “riesgo estándar” que la Unión Europea aplicó a varios países sudamericanos, sin criterios técnicos ni consulta previa.
El comunicado insta a revocar o revisar el reglamento europeo, señalando que las sucesivas postergaciones en su aplicación demuestran la necesidad de replantear su alcance bajo criterios multilaterales y de cooperación regional.
“Las condiciones actuales exigen una revisión profunda, basada en criterios técnicos y multilaterales, que reconozcan los avances ambientales alcanzados en los países productores”, concluye el texto.
