El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió el Decreto 765/24, que redefine qué se considera “ejecución pública” y exime a salones y reuniones privadas del pago de derechos de autor. Desde Sadaic calificaron la medida como un “atropello” y adelantaron acciones judiciales.
Actualidad27 de octubre de 2025 Infoempresas
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El origen del conflicto
El Decreto 765/24, firmado en agosto por el Gobierno nacional, modificó la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual y estableció que el cobro de derechos de autor solo puede exigirse en espacios de acceso libre y público, no en reuniones privadas o con acceso restringido.
La medida apunta directamente a los salones de eventos, bares y restaurantes, que hasta ahora debían abonar a Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) un canon por la reproducción musical durante fiestas, celebraciones o servicios gastronómicos.
“Es otro intento de la casta por mantener sus privilegios de décadas, que garpabas vos y que solo el presidente Javier Milei tuvo la voluntad de eliminar”, publicó Sturzenegger en su cuenta de X (ex Twitter).
El argumento oficial
Según el ministro, la modificación moderniza la normativa, adaptándola a los nuevos hábitos de consumo musical, como el streaming y los dispositivos portátiles, que no existían cuando se redactó la ley original en la década de 1930.
“Con ese criterio antiguo, quien escuchara música en Spotify fuera de su casa debería pagar por ejecución pública. Es impracticable e ilógico”, explicó Sturzenegger, al remarcar que con las suscripciones digitales ya se abonan los derechos de uso privado.
El Gobierno sostiene que el decreto corrige un abuso histórico y que “cuando no hay reproducción pública, no hay nada que pagar”.
Para el funcionario, la reforma “termina con un esquema injusto que afectaba a miles de familias que alquilaban salones para sus fiestas privadas”.
“Cazar en el zoológico”
Sturzenegger acusó a Sadaic de “presionar a los salones de fiesta” y calificó su accionar como un ejemplo de “cazar en el zoológico”, en referencia a la facilidad con la que la entidad recaudaba de locales fijos y formales.
“Era un abuso sostenido por décadas entre gobiernos y corporaciones. Esto se terminó”, sostuvo el ministro, reforzando la línea desreguladora del Ejecutivo.
La respuesta de Sadaic
Desde la entidad que agrupa a músicos y compositores respondieron de inmediato.
A través de un comunicado, Sadaic advirtió que los salones de fiesta son espacios de actividad comercial, y por lo tanto deben remunerar el uso de obras protegidas.
“Nadie puede beneficiarse con el uso gratuito de una obra intelectual, ya que sería violatorio del derecho de propiedad reconocido por el artículo 17 de la Constitución Nacional”, señaló la institución.
La organización calificó la medida como “un atropello y un abuso de poder”, y anunció que continuará su reclamo judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°7, actualmente a cargo del juez Enrique Lavié Pico, para restituir el cobro de derechos en eventos privados.
El conflicto trasciende lo jurídico.
En Argentina, Sadaic recauda anualmente más de $15.000 millones por derechos de ejecución pública, provenientes de locales bailables, restaurantes, eventos y medios.
La exclusión de los salones privados podría reducir significativamente sus ingresos y cambiar el esquema de financiamiento de los artistas.
Por otro lado, el sector gastronómico y de eventos celebra la medida, argumentando que reduce costos operativos en un contexto de baja rentabilidad y alta presión impositiva.
“El decreto no elimina derechos, los adecua al siglo XXI. Los artistas seguirán cobrando, pero no a costa de las familias o los emprendedores”, remarcaron desde el Ministerio de Desregulación.
El enfrentamiento entre Sturzenegger y Sadaic revela una tensión estructural entre derechos de autor y desregulación económica.
Mientras el Gobierno busca simplificar y actualizar las normas, los artistas y gestores culturales denuncian un retroceso en la protección intelectual.
La definición final —en los tribunales— podría marcar un antes y un después en la legislación argentina sobre música y propiedad intelectual.
“Defender la libertad también es terminar con los privilegios corporativos”, concluyó Sturzenegger.
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